La Comisión Europea publicó el pasado 20 de mayo 2021 la Comunicación COM(2021) 245 final su informe “Aplicación y mejores prácticas de las políticas nacionales de contratación pública en el mercado interior”
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El informe pretende dar cumplimiento a las medidas de Gobernanza incluidas en las Directivas europeas (arts. 83 y 85 Directiva 2014/24/UE, art. 328 LCSP) que impone que los resultados de las actividades de supervisión con arreglo al apartado 2 se pondrán a disposición del público por los medios de información adecuado.
En particular, era obligado que en abril de 2017 los Estados remitieran información a la Comisión Europea que comprenda información sobre las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta o de inseguridad jurídica, por ejemplo los posibles problemas estructurales o recurrentes en la aplicación de las normas, sobre el nivel de participación de las PYME en la contratación pública y sobre la prevención, detección y notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la contratación.
El informe resulta muy interesante al ser bastante claro en determinar las dificultades de porqué las PYMES siguen presentando dificultades en acceder a la contratación pública, y porqué la compra responsable ambiental y socialmente, o la CPI no avanzan lo suficiente.
Es realmente interesante poder acceder al reconocimiento de dificultades y medidas adoptadas por los países. En general se trata de listados claros y concisos que pueden ofrecer soluciones concretas.
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Por otra parte, también es muy interesante y adecuada el “retrato” de dificultades y medidas que se lanzaron desde España.
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En el próximo número de la revista Contratación Administrativa Práctica analizaré en detalle el informe de la Comisión y la información remitida por España.